La actividad pública demanda del funcionario ciertas competencias en cuanto a conocer a cabalidad el rol de fiscalización y control propio del cargo, como también conocer aspectos legales que involucran la normativa legal del ámbito público, ya que el desconocimiento de estas herramientas vitales para el ejercicio de la función expone a éste a situaciones muy dramáticas de falta de probidad y/o notable abandono de deberes, solo por mencionar algunas aristas. Agregado a lo anterior, existe una exposición del juicio público y un testimonio que cada funcionario público pretende cuidar, lo que no se logra sino con aprendizajes, conocimientos y competencias que serán claves de este proceso formativo.